El decreto 1469 y 1470 de diciembre de 2025 que fijaba el salario mínimo en $1.750.905 más el auxilio de transporte de $249.095 fue suspendido por el Consejo de Estado, argumentando que el Gobierno Nacional en cabeza de Gustavo Petro no tiene una “justificación jurídica y económica verificable”, advierte también que pasó por alto la Ley 278 de 1996 impone unos parámetros innegociables para calcular dicho aumento, como la meta de inflación del Banco de la República y la productividad, los cuales no pueden ser reemplazados por métricas externas.

El gobierno de presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Trabajo defienden el “salario vital” como un derecho a la dignidad, buscando que la fijación no se limite a criterios tradicionales, sino a la canasta básica familiar; la medida, considerada una conquista histórica, en los tribunales y calles, mientras el tribunal da ocho días para un nuevo decreto. Mientras se emite un nuevo decreto, el aumento del 23% se mantiene temporalmente para evitar impactos negativos inmediatos, pero la medida está bajo revisión de fondo.

La suspensión se basa en las demandas contra el decreto por no seguir los procedimientos convencionales de fijación, y el gobierno debe ajustar el decreto considerando inflación y productividad según lo indicado por la justicia.

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