Gustavo Petro ya habría firmado un decreto que permitirá que integrantes de la primera línea que se encuentran en la cárcel quedar en libertad antes de Navidad.

El Gobierno Nacional busca que estas personas sean gestores de paz. La procuradora Margarita Cabello, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Aroldo Quiroz, indicaron que hay riesgos constitucionales con esta propuesta.

De igual manera, la procuradora Margarita Cabello sostuvo que: “Corresponde a los jueces decidir sobre la privación legal de la libertad y, asimismo, sobre la liberación de los detenidos y condenados en todos los casos. La reserva judicial supone una competencia inderogable en una democracia constitucional con división de poderes y ello impide que se diluyan las competencias. El Gobierno no es competente para ordenar libertades y menos para generalizar siquiera la situación jurídica, en particular, de quienes han surtido una ruta judicial cuya legalidad se presume y en la cual los recursos y las acciones constitucionales son la vía para asegurar derechos y garantías”.